La justicia belga considera que la UCI actuó sin criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios
La resolución supone un golpe durísimo para la UCI porque no solo invalida el protocolo de limitación de desarrollos, también establece que las federaciones deportivas deben respetar las leyes de competencia cuando sus decisiones tienen consecuencias económicas sobre fabricantes y equipos. El tribunal confirmó que la UCI no justificó adecuadamente por qué esa medida era necesaria ni proporcional para mejorar la seguridad de los corredores.
Continúa tras los anunciosEl origen del conflicto: el famoso 54×11
El uso del piñón de 10 dientes fue el centro de toda la disputa entre SRAM y la UCI
Sin embargo, el reglamento afectaba directamente a SRAM porque su filosofía de transmisión en carretera gira alrededor del uso del piñón de 10 dientes. Sus grupos RED AXS y Force AXS utilizan configuraciones que superaban ese límite, dejando a SRAM como el único gran fabricante sin un producto compatible con la nueva normativa.
SRAM denunció entonces que la normativa perjudicaba directamente a sus equipos patrocinados y enviaba además un mensaje implícito al mercado: que sus transmisiones podían considerarse inseguras o ilegales. Para la compañía estadounidense, aquello suponía un ataque directo a años de desarrollo tecnológico y a su posicionamiento frente a Shimano.
La BCA frenó el test antes de su estreno
La sentencia considera que la UCI no justificó suficientemente la necesidad real de la norma
La UCI recurrió inmediatamente aquella decisión, defendiendo que la medida tenía únicamente objetivos de seguridad y que el protocolo había nacido dentro de SafeR, el organismo creado para mejorar la seguridad en el ciclismo profesional.
Derrota total de la UCI
La resolución conocida ahora confirma que el recurso de la UCI era “admisible, pero infundado”. El tribunal respaldó prácticamente todos los argumentos de la BCA y concluyó que el organismo internacional no utilizó criterios suficientemente transparentes, objetivos ni no discriminatorios para desarrollar la norma.
Además, la justicia belga considera probado que el protocolo podía causar daños irreparables tanto a la reputación comercial de SRAM como a los resultados deportivos de los equipos que utilizan sus componentes.
Uno de los aspectos más importantes de la sentencia es que limita la capacidad de la UCI para actuar únicamente como regulador deportivo cuando sus decisiones tienen efectos económicos claros sobre fabricantes y proveedores del mercado ciclista.
Un precedente que puede cambiar el ciclismo
“Esto ya es mucho más grande que una discusión sobre un piñón de 10 dientes”
Esto podría transformar completamente la forma en la que la UCI aprueba nuevas reglas relacionadas con material, aerodinámica, ruedas, manillares o cualquier otro componente técnico.
La situación resulta especialmente delicada para la UCI porque durante el proceso también se generó polémica por el uso de fondos de SafeR para financiar la batalla legal, incluyendo dinero aportado indirectamente por equipos patrocinados por SRAM.
La reacción de SRAM
Tras conocerse la sentencia, el CEO de SRAM, Ken Lousberg, celebró la decisión y subrayó que el caso ya trasciende completamente el debate sobre desarrollos.
“El Tribunal de Apelación de Bruselas ha emitido una resolución histórica sobre cómo las federaciones deportivas de toda Europa deben ejercer su poder regulatorio. La sentencia confirma que una gobernanza abierta, transparente, objetiva y no discriminatoria es el estándar legal para crear normas en el deporte”, explicó Lousberg.
El directivo insistió además en que SRAM sigue abierta a colaborar con la UCI para construir un futuro más seguro para el ciclismo, aunque dejando claro que la industria debe tener representación real en los procesos de toma de decisiones.
La UCI, obligada a volver al punto de partida
La derrota deja a la UCI sin margen para seguir adelante con su protocolo en su formato actual. El organismo tendrá ahora que replantear completamente cualquier intento futuro de limitar desarrollos o regular material técnico si quiere evitar nuevos conflictos legales.
Más allá de quién tenga razón en el debate sobre seguridad y velocidades máximas, el caso ya ha creado un precedente enorme: una autoridad nacional de competencia ha conseguido bloquear y derrotar judicialmente a una federación deportiva internacional en una cuestión técnica de reglamento. Un escenario con posibles consecuencias mucho más amplias para todo el deporte profesional.
