Bajo el apodo no oficial «Código Armstrong» la Agencia Mundial Antidopaje ha presentado una serie de reformas en su normativa que busca endurecer las sanciones a los deportistas que se dopen, así como extender la responsabilidad a entrenadores y al entorno del corredor que participa en el dopaje.
La principal novedad es el aumento de 2 a 4 años para las sanciones por dopaje considerado grave (como es el caso del uso de EPO, anabolizantes o transfusiones). El objetivo de este aumento es que el deportista que sea cazado deba perderse como mínimo unos Juegos Olímpicos.
Otro hecho destacado es la desaparición de la reducción de la sanción por admitir el dopaje una vez el deportista ha dado positivo. Hasta ahora, si un deportista daba positivo e inmediatamente lo admitía y mostraba colaboración con las autoridades, su sanción podía verse reducida hasta en un 50%. Ahora no sólo desaparecerá ese privilegio de los falsamente arrepentidos (arrepentidos una vez son cazados, no antes), sino que se sancionará de forma más firme los que entorpezcan cualquier investigación o aporten datos falsos.
También se disminuye el tiempo en el que tienen valor lo avisos por no comunicar el paradero para el programa de localización o no estar presentes cuando se va a realizar un control sorpresa en la dirección que se ha indicado. Hasta ahora el deportista era sancionado como si hubiera dado positivo si no se le podía localizar en 3 ocasiones en un periodo de 18 meses. Ahora ese periodo se reduce a 12 meses.
Un punto muy importante es la fuerza que ganan los positivos que no están relacionados con pruebas analíticas, es decir, aquellos que no se encuentran a través de un control antidoping, si no a través de evidencias claras e investigaciones que muestran que el deportista ha accedido sin dudas a sustancias prohibidas. Ello ayudará a solventar casos en los que se descubre la implicación de deportistas en redes de dopaje o de compra de sustancias dopantes, pero que sin embargo no han dado positivo en ningún control.
El periodo de prescripción del dopaje también se aumenta. Si hasta ahora a los 8 años de producirse se daba por prescrito, ahora se necesitarán 10 años.
Se introducen las sanciones para preparadores y personas del entorno de un deportista dopado. Si se demuestra que eran conscientes de ello serán inhabilitados.
Todas estas normas entrarán en vigor en 2015 con el objetivo de ser plenamente efectivas de cara a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.
