Una operación de 110.000 millones de dólares
La compra de Warner Bros. Discovery por Paramount, que parecía encarrilada tras la retirada definitiva de Netflix de la puja, ha sufrido su primer gran revés. Un tribunal federal de California ha ordenado paralizar temporalmente la operación de 110.000 millones de dólares (unos 94.000 millones de euros) después de que una coalición de doce estados presentara una demanda por considerar que la fusión supondría un riesgo para la competencia en la industria audiovisual.
La decisión introduce un nuevo giro en una operación que lleva meses protagonizando una intensa batalla empresarial y regulatoria. Tras imponerse a Netflix con una oferta de 31 dólares por acción y conseguir el respaldo de los accionistas de Warner Bros. Discovery, Paramount deberá ahora superar un importante obstáculo judicial antes de completar la adquisición.
Continúa tras los patrocinadores
La compra queda paralizada al menos durante dos semanas por orden judicial
La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Distrito Norte de California, ha emitido una orden de restricción temporal que impide a Paramount y Warner Bros. Discovery culminar o avanzar en la integración de ambas compañías durante un mínimo de catorce días. Además, ha convocado una vista para el próximo 3 de agosto, en la que ambas partes deberán defender sus posiciones antes de que el tribunal decida si mantiene o levanta la suspensión.
La resolución también prohíbe que empleados, directivos, asesores y cualquier persona implicada continúen con los trabajos de integración mientras permanezca vigente la orden judicial.
Doce estados acusan a Paramount de crear un monopolio
Los fiscales consideran que la operación eliminaría competencia en Hollywood
La demanda está encabezada por los fiscales generales de California y Nueva York y cuenta con el apoyo de otros diez estados: Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Washington.
Según los demandantes, la operación vulnera la Ley Clayton de 1914 al reducir de forma significativa la competencia en varios mercados clave del entretenimiento.
Los fiscales sostienen que la empresa resultante concentraría cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y superaría el 30 % en el segmento de los grandes estrenos de Hollywood, además de reforzar su posición en el negocio de los canales de televisión por cable.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la fusión de «ilegal» y aseguró que provocaría precios más altos, menor calidad y una reducción de la producción cinematográfica y televisiva, perjudicando tanto a los consumidores como a las salas de cine y a los operadores de televisión.
A la demanda también se ha sumado el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que considera que la creación del nuevo grupo provocaría una importante destrucción de empleo como consecuencia de los recortes de costes.
